Mirando atrás…

Este realismo pacato que ha posibilitado la renovación de mandato socialista, se ha beneficiado también de la falta de ambición de los sectores sociales en oposición. A diferencia del primer ascenso municipal socialista en 1979 o estatal en el 1982, no ha sido siquiera necesaria la cooptación de cuadros izquierdistas, puesto que la cultura política de la práctica de “influencia” se ha generalizado: ya no se aspira a intentar dar la vuelta a la situación sino únicamente a modificarla en mayor o menor grado como logro máximo. Como consecuencia lógica ya no es necesaria la integración de izquierdistas en los órganos de gobierno puesto que la propia gobernabilidad ya no está en disputa.

En este terreno, se ha avanzado públicamente en la implementación de lobbies en el nuevo gobierno, como son aquellos, como ejemplo, relacionados con la “nueva cultura del agua”, que nos aclara cuáles eran los intereses que se dirimían en movimientos como el que se opuso a los trasvases hacia Levante y qué hay detrás del concepto de sostenibilidad.

Del otro lado, la retórica socialdemócrata alrededor de la extensión del concepto de ciudadanía, como avance hacia una radicalización de la democracia, no se ha visto reflejada en ningún avance palpable en este aspecto mientras que las ilegalizaciones de formaciones políticas y los cercenamientos de derechos han sido un hecho en la pasada legislatura, por lo que el eslogan de “democracia participativa” se puede calificar ya sin miramientos como un aval a una socialdemocracia patentemente cautiva del capital internacional y de las querencias del aparato estatal. Esta debacle ciudadanista se ve favorecida por su actual orfandad de alianzas, puesto que la vieja izquierda revolucionaria, nostálgica de modelos, aplaude ahora con benevolencia el nuevo ciclo populista que se abre en gran parte de América Latina.

Avanzando, los nuevos movimientos sociales que han emergido durante estos últimos cuatro años, como ha podido ser emblemáticamente la marea por una vivienda digna, si bien nos ha mostrado sinceramente y en las calles el malestar general ante este ciclo económico basado en la construcción, no ha sabido engarzar con movimientos pretéritos (como el de ocupación), ni dotarse de objetivos inmediatos propios. Al intentar abrazar todas las expresiones de ese malestar, naufragó en la ambigüedad de un “otra hipoteca es posible” que carecía capacidad de señalar con claridad a los ocasionantes y beneficiarios del ciclo, mientras que reclamaba medidas moderadoras a las mismas instancias desde las que se favorecía. Dos años después de aquella eclosión, contemplaremos el rosario de juicios a estos movimientos tratados con una benevolencia ya pretérita, que destapará ante sus renovados votantes la naturaleza represiva del ilusionador ejecutivo.

En este sentido, la desobediencia civil,  herramienta inmaculada aireada en cualquier propuesta posterior a los atentados del 11-M, ha sido reventada como tal tras las implacables condenas de la Audiencia Nacional, a los imputados en los sumarios contra los entornos militantes de la izquierda abertzale vasca, que junto con los procesamientos a los estallidos de la vivienda y otros surgidos a partir del 2006, cuestionan severamente las posibilidades de transformación social desde esa marea radicalmente pacífica.

Así junto en esta política de explicitación de topes en lo movilizatorio, podemos analizar los frenazos institucionales y judiciales como fueron el realizado al avance estatutario en Catalunya o el veto al referéndum sobre autodeterminación propuesto ante el Congreso español desde la presidencia del gobierno vasco, asi como la judicialización de las actividades que relativizaban la persistencia de la monarquía borbónica.

Y si durante estos años hemos podido caracterizar los esfuerzos de izquierda social en dos ejes en principio contradictorios, el eje de quienes se centraban en reivindicar una política de protección social ampliada apoyada en las garantías del estado del bienestar, frente a otros que practicaban una retórica de máximos centrados en derechos tan inmateriales como etéreos, ambos ejes, aun valorando sus aportaciones, se han estancado e invalidado como herramienta principal de avance.

Paradójicamente, algunas leyes anunciadas en aquellos momentos de calentón neorrepublicano, como fue la anunciada ley de reparación histórica, han posibilitado la aparición pública de asociaciones que apoyan su palanca sobre la memoria y que cuestionan la legitimidad histórica del régimen actual. Sin embargo, este renovado movimiento también ha posibilitado una revival historicista poco riguroso, que ha posibilitado la reaparición de envejecidas consignas por la tercera república, beneficiadas por las proverbiales insuficiencias del antifascismo de corte tribal y juvenil.

Y en la otra acera la reacción de los grupos de presión católicos, asustados del publicitado laicismo del nuevo gobierno, posibilitaron que elementos de la judicatura perpetraran el registro de clínicas abortistas, que conjuntamente con el resto de regresiones, topes, judicializaciones y frenazos caracteriza los dos últimos años de gobierno socialista.

…para seguir adelante

Frente a esta caracterización reaccionaria, a la falta de ambición de la propia izquierda y las insuficiencias propias de cada ensayo, los nuevos tiempos nos brindan nuevas ocasiones.

Para los viejos “nuevos movimientos” (la tríada pacifismo, ecologismo y feminismo) tras haber pasado ya más de una década de aval ético institucional, participando en cualesquiera de los consejos creados ad hoc, y haber constatado internamente que esta lógica institucional les ha desactivado como tales movimientos, se abre la posibilidad de incidir en sus propuestas fundacionales. Así, las promesas electorales socialistas de no renovar los contratos con las centrales nucleares ya existentes junto con la subida de los carburantes han puesto de nuevo sobre la mesa el debate antinuclear fundacional del ecologismo, que puede ser uno de los ejes de trabajo junto con el cuestionamiento de un modelo energético, como consecuencia de un modelo social. La represión antiabortista junto con la persistencia alevosa de los malos tratos y la universal guerra imperialistas coloca al feminismo y al pacifismo en iguales tesituras y les conmina a una severa autocrítica y actualización.

Los viejos movimientos (laboral, vecinal) junto con los surgidos en pasadas décadas, seguirán previsiblemente con una lógica defensiva que no por ello ha de pecar de modestia.

Asimismo, con un porcentaje poblacional cercano a un 10% de residentes extranjeros, y con CIEs y Centros de Menores como nuevas instituciones totales, las onegés o similares y los campos asistenciales que estas asumieron, tendrían que tender a un anticapitalismo que tuviera en cuenta su peso social y económico, realidad que les debería alejar de clichés como el multiculturalismo, que junto con la beneficencia izquierdista, han sido dos cuestiones centrales de una mirada paternalista a orillar.

Este necesario paso del asistencialismo a la reivindicación anticapitalista, que tenga en cuenta la represión por encima de una integración imposible, podría darse la mano con el nuevo ecologismo e internacionalismo político que centra su actividad en revelar el papel de las trasnacionales españolas y sus implicaciones en el modelo desarrollista en suelo patrio y en el colonizado. A esto puede contribuir que la llegada del esperado enfriamiento del sector de la construcción supondrá que los sectores sociales más frágiles (léase inmigrantes) carguen con las cuotas de desempleo mientras carecen de mecanismos de protección social.

Por otro lado, y frente a la desaceleración económica, las políticas públicas siempre dispuestas a poner en marcha el último “new deal”, supondrán como ya se ha avanzado un espaldarazo a la construcción de infraestructuras y modificarán las prioridades políticas ante los movimientos de rechazo a las mismas. No obstante, también este enfriamiento económico será tenido en cuenta cuando los rechazos o estragos a los planes infraestructurales tengan que ser contemplados en los balances internos de las empresas privadas concesionarias de los citados proyectos.

De todos modos, al igual que la ya estallada burbuja inmobiliaria, el anunciado cenit del petróleo en el que ya nos encontramos pone de nuevo en primer plano la realidad de la simple materialidad que sustenta el régimen en que vivimos. En el actual momento en que las fuentes de energía hay ya que cultivarlas y estos cultivos entran en competencia con los suministros básicos encareciéndolos es el momento de volver a pensar y actuar desde lo más básico. Así el grano como suministro primario, junto con el agua como principio vital (ahora en el corazón del debate entre sostenibilidad y supervivencia) coloca el debate en una simpleza radical.

Ante tan básico dilema, propuestas que trencen la actividad política y la construcción personal, como aquellas que aspiran a construir un movimiento agroecológico, (que contemple la política alimentaria en un plano político y a la vez en una apuesta vivencial construyendo redes de corresponsabilidad) pueden generar cualitativamente movimientos de lo social, si saben constituirse como un desafío y huir de la tentación de ejercer de recambios de las rutinas movimentistas.

La vía radical sigue entonces abierta: acorde con los tiempos, participar de los malestares sociales y profundizar en nuestra radical apuesta, sin atrincherarse en la superioridad de las vanguardias políticas ni acomodarse en el distanciamiento de la lírica insurreccional.